El medio rural no necesita más subvenciones, sino pagos justos por los servicios que proporciona

Víctor J. Colino Rabanal, Universidad de Salamanca

Los incendios que arrasan España este verano de 2025 no son solo una catástrofe ambiental. Son también la señal más clara de que la relación con el medio rural está agotada. Durante décadas, la despoblación, la pérdida de usos tradicionales y el abandono institucional se han intentado frenar con subvenciones y ayudas. Pero esas políticas no han resuelto los problemas de fondo.

Al contrario, dichas medidas han reforzado la idea de que el campo es un territorio débil al que hay que “ayudar”. El resultado es un medio rural vulnerable y marginado, aunque absolutamente esencial para la sociedad. La respuesta para garantizar su subsistencia y desarrollo no puede seguir siendo la misma: necesitamos un nuevo contrato social, basado en pagos –no en subvenciones– que reconozcan las muchas contribuciones del medio rural a la sociedad.

La diferencia entre una subvención y un pago no es un simple matiz. Marca un cambio profundo en la relación entre la sociedad y el medio rural. La subvención se percibe como una ayuda externa, que coloca a quien la recibe en una posición pasiva de dependencia. El pago, en cambio, establece una relación de igual a igual. Mientras la subvención alimenta la narrativa de un espacio deficitario, el pago refuerza el reconocimiento del papel estratégico de estos territorios y sus habitantes.

Servicios que presta el medio rural

Uso el término “contribuciones del medio rural a la sociedad” como paralelismo con el de contribuciones de la naturaleza a los seres humanos de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Como en países como España el medio rural ejerce de custodio del territorio, buena parte de las contribuciones de la naturaleza a las personas proceden del medio rural.

Las contribuciones del medio rural a la sociedad son múltiples y valiosas. Con una gestión adecuada, estos territorios proporcionan importantes servicios ecosistémicos: protegen suelos, regulan caudales hídricos, depuran aguas, aseguran la polinización y conservan biodiversidad y recursos genéticos.

También desempeñan funciones sociales y culturales de enorme valor, como la transmisión de saberes tradicionales, la pervivencia de paisajes culturales, la generación de identidad colectiva y la fijación de la población.

Y en este año de incendios se muestra otra función vital: reducir riesgos naturales y evitar daños económicos y sociales muy notables.

Un nuevo contrato social

El pago por todos estos servicios debe ser uno de los pilares del nuevo contrato social. Actualmente, la sociedad se beneficia de ellos sin reconocer su coste ni hacerse corresponsable de su cuidado. No obstante, debería pagar, y hacerlo mediante mecanismos que reflejen el verdadero valor de lo que recibe.

Este contrato social también implica cambios dentro del propio medio rural. Agricultores, ganaderos y propietarios forestales deben reconocerse no solo como productores de alimentos y materias primas. Deben ser, al mismo tiempo, proveedores de bienes públicos esenciales: naturaleza, paisajes, biodiversidad y cultura.

Asumir este rol significa reclamar pagos justos, pero también integrar objetivos de multifuncionalidad y gestión responsable en la actividad diaria. Se trata de pasar de una lógica de supervivencia a una de liderazgo en la transición hacia un modelo territorial más justo.

Ya existen iniciativas que muestran cómo los pagos por estas contribuciones pueden aplicarse, por ejemplo, a la reducción del riesgo de incendios. En distintas regiones de España, programas de pastoreo remuneran a ganaderos por mantener rebaños que reducen la vegetación seca, actuando como cortafuegos vivos más sostenibles que la limpieza mecánica. También hay iniciativas que promueven paisajes en mosaico. Estos paisajes producen alimentos, pero además frenan la propagación del fuego.

En otros países hay iniciativas similares. En Portugal se han puesto en marcha planes que pagan a pequeños propietarios por mantener áreas abiertas mediante ganadería extensiva. En Francia se han promovido acuerdos para que el ganado se alimente en espacios naturales protegidos, reduciendo la carga inflamable y reforzando la biodiversidad.

Y en América Latina, países como México han explorado esquemas de pago por servicios ambientales que incluyen la protección contra incendios en bosques comunitarios.

Hay muchas otras iniciativas similares en otros ámbitos como la absorción de carbono en terrenos forestales o agrícolas , o el mantenimiento y restauración de biodiversidad. De hecho, los ecoesquemas de la PAC intentar ir en esa dirección.

Oportunidades de innovación y nuevos nichos laborales

El nuevo contrato social abre también un horizonte de oportunidades. Puede convertirse en motor de innovación y modernización de las zonas rurales, con búsqueda de nuevas formas de gestión integrada del paisaje, impulsando el uso de tecnologías como la teledetección, los drones y la inteligencia artificial para gestionar la complejidad del territorio. Genera además nuevos nichos laborales en ámbitos como la bioeconomía, la restauración ecológica y el turismo de naturaleza.

Además, este enfoque resulta especialmente apropiado para las zonas rurales periféricas y despobladas. En ellas, la rentabilidad agrícola es baja y las opciones económicas limitadas. Pero los servicios ecosistémicos que prestan son paradójicamente más valiosos. Así, los esquemas de pago pueden ser esenciales para complementar y diversificar las rentas y contribuir a fijar población en estas zonas.

Toda esta visión enlaza de forma natural con las políticas de reto demográfico y con estrategias de conservación como la de infraestructura verde, situando al medio rural en el centro de la transición social que la sociedad necesita.

En resumen, los incendios de 2025 muestran el precio de seguir ignorando al medio rural. Abandonar el asistencialismo y poner en marcha un sistema de pagos que reconozca su valor real es la mejor forma de devolver protagonismo a sus habitantes. Solo así estos territorios podrán consolidarse como espacios dinámicos, multifuncionales y abiertos a la innovación. Porque sin un medio rural vivo y reconocido, no habrá futuro para la sociedad en su conjunto.

Víctor J. Colino Rabanal, Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola. Secretario del Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural., Universidad de Salamanca

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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