Por qué el mundo (y la democracia) necesitan alternativas al dominio de los gigantes tecnológicos

Ulf Thoene, Universidad de La Sabana

En una era en la que la inteligencia artificial (IA) moldea todo, desde recortes masivos en presupuestos gubernamentales hasta políticas de migración y aprobaciones de hipotecas, la pregunta de quién controla nuestra infraestructura digital nunca ha sido más urgente.

A medida que los multimillonarios tecnológicos incrustan su influencia en la política global, los gobiernos de todo el mundo están despertando a los riesgos de la dependencia. Así, los expertos debaten cada vez más vías hacia la soberanía digital: la capacidad de estados y sociedades para gobernar la tecnología alineada con valores democráticos, en lugar de intereses corporativos o extranjeros.

Las grandes potencias apuestan fuerte

La soberanía digital ha evolucionado de ser una noción vaga entre analistas, políticos y activistas a un eslogan político global en la última década. Su ascenso se aceleró en años recientes, caracterizado por eventos que han marcado un punto de inflexión.

Por un lado, la agenda proteccionista de Trump y Biden prohibió tecnología china en mercados estadounidenses, por otro, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) extiende reglas extraterritorialmente y la Ley de Ciberseguridad de China exige localización de datos. Mientras, el último Plan de Acción de IA de EE. UU. pretende “ganar la carrera de la inteligencia artificial”.

Estas acciones de las grandes potencias mundiales han desatado debates sobre autonomía en comunicación digital, derechos, seguridad y transformación de la sociedad.

Soberanía de infraestructuras críticas

La soberanía digital no implica aislacionismo o proteccionismo. Se trata de reclamar agencia en un mundo donde infraestructuras críticas, desde computación en la nube hasta modelos de IA, están dominadas por un puñado de titanes tecnológicos chinos –Alibaba, Baidu, Huawei y Tencent– y estadounidenses –Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, OpenAI y Palantir–.

Europa importa la gran mayoría de sus servicios digitales, con provisión de nube predominantemente controlada por gigantes estadounidenses. En sus servidores remotos se ejecuta el software que impulsa servicios públicos como hospitales y redes energéticas. Esto deja a Europa vulnerable a órdenes ejecutivas de Washington o Pekín, que podrían cortar el acceso a tecnología esencial.

La nube, una caja negra

Las apuestas geopolíticas son altas. Los gigantes digitales orquestan un ecosistema depredador en regiones como América Latina, por ejemplo. Estas compañías no solo concentran datos y ganancias: controlan vastas redes y extraen conocimiento de investigaciones globales mientras establecen agendas de IA.

La nube es una caja negra donde confluyen producción, intercambio y consumo, atrapando a startups, a corporaciones e, incluso, a gobiernos, en una situación de dependencia interminable.

Este extractivismo se extiende al planeta mismo. Los centros de datos de IA, como las nuevas fábricas de nuestra economía, devoran inmensos recursos, como electricidad y agua. Esta reconexión a escala planetaria está en manos de actores, a menudo, más allá del control estatal, lo que exacerba crisis ecológicas y tensiones geopolíticas. Desde sabotajes a cables submarinos hasta satélites influyendo en zonas de guerra, las herramientas digitales son armas de doble filo.

Hacia una alternativa

El concepto de soberanía digital abarca términos variados, como soberanía de internet, autosuficiencia tecnológica, autonomía estratégica o soberanía de datos, invocados por actores diversos más allá de las grandes potencias. Esto incluye a economías emergentes, organizaciones privadas y grupos indígenas.

Aunque criticado como proteccionismo o nacionalismo disfrazado, en realidad, busca una esfera digital ordenada y regulada que aborda derechos individuales, seguridad colectiva, aplicabilidad y competencia. Enfatiza la soberanía democrática y permite a ciudadanos moldear la transformación digital de manera autodeterminada. También es cierto que, como ocurre con cualquier otra invocación de la noción de soberanía, hay regímenes autoritarios que disfrazan políticas de manipulación y de acceso restringido a la información digital como un legítimo ejercicio de soberanía digital.

Invertir en tecnología, pero con cabeza

Las ganancias de los gigantes digitales, con frecuencia, no provienen de innovación genuina, sino de extracción de valor habilitada por inversiones públicas en tecnología básica, como internet.

Hay llamados a políticas pre-distributivas, basadas en diseñar tecnología con equidad desde el inicio, en lugar de regular disfunciones después. Proponen una arquitectura digital pública, democrática, internacional, centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente. También debería incluir modelos de IA de código abierto e impulsar su uso en sectores como el de la salud pública.

Lucha por la democracia

Estas tensiones subrayan un desafío central, en un momento en que la tecnología digital fusiona servicios públicos con monopolios industriales. El surgimiento de las tecnologías digitales está transformando fundamentalmente el poder en la geopolítica, al permitir que ciertos países extiendan su influencia mucho más allá de los instrumentos convencionales. Reconducir la situación implica ver la soberanía como un proceso de fortalecimiento de la autodeterminación y la colaboración entre distintos países.

Pero no se trata solo de la lucha de Europa. Perspectivas de comunidades en el Sur Global, aunque no constituyen un grupo homogéneo ni una sola voz unificada en los asuntos mundiales, revelan enfoques multifacéticos, desde ecosistemas autosuficientes hasta revitalización cultural vía herramientas digitales, desafiando visiones centradas en Occidente.

La soberanía digital exige acción: invertir en infraestructuras públicas y lograr interoperabilidad –capacidad de compartir información entre distintos sistemas informáticos–. Los creadores de valor no deben ser solo corporaciones privadas. Priorizando personas y planeta sobre rentas, podemos forjar un futuro digital más participativo e inclusivo. Si fracasamos, no solo nos acecha el vasallaje económico, sino la erosión de la democracia misma.

Ulf Thoene, Profesor Asociado de Ética Empresarial y Organizacional, Universidad de La Sabana

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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