Por qué el derecho al voto a los 16 años puede ser un paso fundamental para la democracia

Lourdes Gaitán Muñoz, Universidad Complutense de Madrid

Un grupo de más de 80 académicos y académicas, así como activistas por la defensa de los derechos de los niños, acaban de suscribir un manifiesto en el que consideran que el voto a los 16 años constituye un paso fundamental para la democracia.

Argumentan que, en un momento de creciente preocupación por la desafección política y de cuestionamiento de los sistemas democráticos, se hace necesario avanzar hacia una mayor justicia intergeneracional, la cual exige reconocer el derecho de las personas más jóvenes a decidir sobre su presente y sobre su futuro.

Recogen así una línea de investigación, reflexión y debate que tiene lugar en el ámbito de los estudios de infancia, bien sea desde la sociología, el derecho, o la filosofía política, desde hace años.

Por su parte, el barómetro del CIS de mayo 2025 introdujo una pregunta referida a si se debería rebajar la edad de voto a los 16 años. Un 18,4 % de las respuestas fueron positivas, frente al 79,3 % que mostraba su rechazo. Es decir, casi 8 de cada 10 personas (adultas, mayores de 18 años) se mostraron en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa posibilidad. La distribución entre ambos sexos fue muy semejante, aunque los hombres eran ligeramente más favorables a la idea.

Por grupos de edad, las personas más contrarias fueron las de 35/44 y 45/54 años. Del lado opuesto, los entrevistados con más de 65 años eran lo que veían la idea con mejores ojos. En otras palabras, los padres de los posibles votantes de 16 o 17 años estuvieron más en contra, mientras que sus abuelos se mostraron más a favor.

Dejar las cosas como están

Dejando a un lado las lecturas en clave de relaciones intergeneracionales que podrían hacerse, la homogeneidad de las respuestas sugiere que a la sociedad española adulta le parece que las cosas están bien como están y que no es necesario modificar las edades establecidas en la Constitución española para ejercer el derecho al sufragio (mal)llamado universal.

Pese a la ausencia de demanda social respecto a una cuestión que parece no ser considerada de relevancia, el Ministerio de Juventud e Infancia tiene anunciado que esta reducción de la edad mínima para participar en las elecciones democráticas formará parte de las medidas incluidas en la futura ley estatal de juventud.

Para describir mejor este asunto es importante explicar tres formas distintas en que investigadores y expertos han argumentado sobre la restricción del derecho al voto según la edad, cada una de ellas con sus propios matices:

1. La discusión en torno a la condición de ciudadanía de los niños.
2. Los argumentos dirigidos a refutar las opiniones que rechazan su participación política o la reducen a mero aprendizaje.
3. Los argumentos que enfocan el asunto desde las necesidades de renovación de la propia democracia, como forma inclusiva de guiar la vida en sociedad.

En lo que respecta a la primera cuestión, los expertos consideran que los niños constituyen uno de los grupos invisibles en los estudios de ciudadanía, donde esta se equipara implícitamente a la edad adulta. Esta visión contrasta con la que ofrecen las investigaciones realizadas en el ámbito de la participación infantil, y más claramente aún en el de los movimientos infantiles contemporáneos, que muestran a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos empoderados, informados, compasivos y globales, sin que ello merme su necesidad de disponer de protecciones especiales.

La competencia política a los 18

Por otro lado, está la razón de fondo que se esgrime para excluir a los niños del ejercicio del sufragio: su carencia de competencia política. Pero si se les excluye por esa razón, se debe estar dispuesto a excluir también a aquellas personas que, superando los 18 años, carecen de dicha competencia.

Hoy por hoy, para ser elector no hace falta saber leer, ni darse a entender por escrito. Tampoco es necesario tener interés en política o haber efectuado estudios básicos, ni se requiere ser inteligente, racional o informado. La única regla que establece la concurrencia de la capacidad electoral es la edad, cosa que resulta injusta.

Respecto al valor que representa el voto para la democracia, el punto de vista defendido por otros expertos es que la exclusión de los niños de la representación política directa se debe a una falta no en los propios niños, sino en las conceptualizaciones existentes de la democracia. Es la democracia la que debe adaptarse para representar adecuadamente a la población infantil, y esto solo se conseguirá si esta se reconceptualiza como una política de la diferencia, que responde a la diversidad vivida por una comunidad política.

La cuestión de si los gobernantes deben responder principalmente a las demandas sociales expresadas o si pueden, y deben, adelantarse en la introducción de modificaciones del statu quo que beneficien a la comunidad ofrecería un ejemplo en el asunto del voto de los niños.

En este caso, ¿cabría descartar una reforma que constituye un paso en el reconocimiento de los niños como actores políticos porque no disfruta de las simpatías populares, o bien se podría confiar en el conocimiento experto para consolidar la democracia? Es importante que, como sociedad, podamos dar respuesta a esa pregunta.

Lourdes Gaitán Muñoz, Co-directora revista científica complutense Sociedad e Infancias, Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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