Cuando el arte cruza fronteras, ¿pierde un país su memoria?

María Elvira Lezcano González, Universidade da Coruña

Imagine que hereda un álbum familiar lleno de retratos con nombres, fechas y recuerdos de las generaciones que le precedieron.

Con el paso del tiempo algunas fotos van desapareciendo: alguien se lleva una, otra se extravía. El álbum, antes completo, empieza a perder coherencia. La historia se fragmenta y algunas personas desaparecen del relato. Esta situación, entendida como una metáfora de la memoria colectiva, puede trasladarse al patrimonio cultural. Cuando este no se protege, corre el riesgo de dispersarse, perderse o caer en el olvido.

La UNESCO, organismo dependiente de la ONU especializado en cultura, ciencia y educación, define el patrimonio cultural como “el legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy en día y que transmitiremos a las generaciones futuras”. Este patrimonio incluye elementos tangibles e intangibles, dentro de los que encontramos bienes muebles (monumentos, edificios, yacimientos) e inmuebles (objetos que pueden ser trasladados, como cuadros, retablos, manuscritos, muebles, tapices, objetos litúrgicos y numismáticos, entre otros).

La Convención de París de 1978, también relacionada con la UNESCO, reafirma que los bienes muebles son parte del patrimonio común de la humanidad y que cada Estado es moralmente responsable de su salvaguarda. Aunque este organismo internacional ofrece recomendaciones y directrices, no impone leyes. La regulación efectiva depende de cada Estado.

En general, en el ámbito europeo, existen normas armonizadas, como algunas directivas y reglamentos referidos a la restitución de bienes culturales robados, sobre importación o exportación fuera de la UE. Estas normas buscan impedir el tráfico ilícito y proteger el patrimonio de los Estados miembros.

En España, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español define una categoría específica de protección, la de los Bienes de Interés Cultural (BIC). Así se denominan los que poseen la máxima protección, que requieren una declaración, –excepto los que son ya considerados genéricos, como hórreos o castillos, entre otros–. Tanto los bienes muebles como los inmuebles pueden ser declarados BIC, lo que depende de las Comunidades Autónomas. En la actualidad todas las comunidades españolas poseen su propia ley de patrimonio.

¿Por qué proteger los bienes muebles?

Los bienes muebles son frágiles, portátiles y, por tanto, especialmente vulnerables. Entre los riesgos a los que se enfrentan se encuentran el deterioro por abandono, incorrecto almacenamiento o restauraciones inadecuadas, su venta o expolio, el tráfico ilícito o la salida ilegal del país.

El control legal sobre su exportación tiene lógica: los bienes de interés cultural no pueden salir del país libremente. Esto no implica negar su exhibición internacional, pero sí obliga a tramitar permisos.

Como regla general en España, los bienes con menos de 100 años no requieren autorización, los de más de esa antigüedad, incluidos en inventarios o catálogos generales, requieren permiso y los BIC o incoados como tales no pueden salir de forma definitiva ni con posibilidad de venta.

Existe el debate sobre si estas medidas perjudican al mercado del arte y las antigüedades. Es cierto que pueden frustrarse algunas operaciones de venta internacional. Sin embargo, como nos explica Laura Carro Abarrategui, gestora cultural especializada en arte contemporáneo:

“las restricciones no afectan de forma significativa al arte contemporáneo, no existen tantos condicionantes a la hora de trasladarlo, exhibirlo o venderlo. En cambio, las obras de grandes maestros ya fallecidos, cuyo valor es incalculable para el patrimonio histórico y cultural español, sí están sujetas a limitaciones. Pero, en términos porcentuales, son pocas las operaciones que se frustran. Algunas transacciones de gran peso económico pueden interrumpirse, pero estas restricciones son necesarias: debemos cuidar, mantener y difundir nuestro patrimonio, pero en ningún caso, perderlo”.

En efecto, se trata de un equilibrio entre protección e intercambio cultural.

Mirando al pasado: ventas, expolios y descontextualización

El patrimonio español ha sufrido numerosas ventas y pérdidas, algunas legales en su momento, pero que supusieron la enajenación y desarraigo de obras clave.

Un ejemplo clásico, en este caso de un bien inmueble, es la adquisición y traslado piedra a piedra, por parte del magnate de la prensa americana, William Randolph Hearst, del conjunto monástico de Santa María la Real de Sacramenia (Segovia) que en la actualidad se exhibe en Miami. No se trata de un caso aislado ni, en su momento, ilegal.

En lo que se refiere al patrimonio mueble, son conocidos algunos ejemplos poco exitosos de exportación e intento de venta ilegal de ciertos bienes, como el del Caravaggio descubierto hace unos años en España poco antes de ser subastado o el del Picasso-Botín.

Este último se trató de un caso de exportación ilícita en el que el banquero Jaime Botín intentó sacar de España, ilegalmente, el cuadro Busto de mujer joven de Picasso, adquirido previamente sin el permiso exigido por su valor histórico. A pesar de la negativa del Ministerio de Cultura, ocultó la obra e intentó trasladarla en 2015 a Suiza en su yate privado. Fue descubierto por las autoridades francesas y condenado a una multa millonaria y a tres años y un día de cárcel.

Hoy en día, las leyes protegen, aunque no consiguen evitar del todo que se cometan delitos. En España, las fuerzas de seguridad del Estado colaboran en esta tarea. Tanto la Policía Nacional, con la Brigada de Investigación del Patrimonio Histórico, como la Guardia Civil con su Grupo de Patrimonio Histórico (UCO), trabajan en el rastreo de piezas robadas, expoliadas o el tráfico ilícito. También cooperan con Europol, Interpol y otros organismos internacionales, pues en el ámbito internacional determinados delitos, robos arqueológicos o casos como los expolios del Estado Islámico, muestran que la protección es urgente.

Según Interpol, el tráfico de bienes culturales es “una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad para redes delictivas”.

Esta organización intergubernamental ha desarrollado un software, ID-Art, de reconocimiento de imágenes en el que están registrados más de 150 000 bienes culturales. La aplicación coteja así la fotografía introducida con una amplia base de datos de objetos artísticos robados.

Aunque iniciativas como esta contribuyen a la recuperación de numerosas piezas, muchas de ellas nunca llegan a aparecer. Ejemplo de ello son las pinturas de Francis Bacon sustraídas en 2015 del domicilio particular de su heredero en Madrid. Aunque cuatro de ellas han sido recuperadas gracias a la intervención de la Policía Nacional, diez años después la quinta permanece en paradero desconocido.

Biznietos del patrimonio

Los medios de comunicación son un vehículo útil para mostrar la realidad del problema. Aunque en ocasiones ofrecen un enfoque sensacionalista y sin continuidad, en otras sirven para una mayor visibilización de ciertos acontecimientos, para dejar constancia del valor de las piezas y para concienciar y reivindicar su valor cultural y simbólico para la comunidad local o nacional.

El pódcast La Fortuna es una herramienta valiosa para comprender los delitos contra el patrimonio cultural desde múltiples enfoques, no relacionados con el robo físico de objetos, sino con la apropiación simbólica de la cultura de un pueblo que esto supone.

Como señala el arqueólogo Carlos León Amores en el primer episodio, al referirse a los pecios (restos de barcos naufragados), foco de interés para los llamados “cazatesoros”: “Todos somos biznietos de estos barcos. Los tesoros no son solo oro: son parte de la historia de nuestros antepasados”.

Gracias a relatos como estos, la sociedad empieza a entender que proteger el patrimonio no es solo burocracia, sino responsabilidad colectiva. No somos sus dueños, sino sus custodios temporales. Cuidarlo es garantizar que la memoria, el arte y la historia sigan vivas. ¡Larga vida a los álbumes familiares y al patrimonio de nuestros pueblos!

María Elvira Lezcano González, Personal docente e investigador, especializada en Gestión e Interpretación del Patrimonio, Universidade da Coruña

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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