¿Para qué sirve la consulta popular sobre la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell?
Maximiliano Michelle Luis Garvía Vega, Universidad Pontificia Comillas
La opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell parecía haber superado el último filtro técnico tras ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 30 de abril de 2025. Pero el Gobierno español ha sorprendido al sector financiero lanzando una consulta pública sobre la operación por “criterios de interés general”.
Esta iniciativa erosiona la credibilidad de las instituciones que ya han dado luz verde a la operación: el Banco Central Europeo en septiembre de 2024 y ahora la CNMC. Además, plantea una pregunta incómoda: si una opa ya es en sí misma una consulta a los accionistas, ¿qué sentido tiene este ejercicio de participación descontrolada?
La opa que incendió el tablero bancario español
Desde mayo de 2024, cuando el BBVA lanzó su oferta para absorber el Banco Sabadell, el sector financiero español vive en estado de tensión, a la espera del resultado de la opa. El Sabadell rechazó de plano la propuesta, alegando que infravaloraba la entidad y perjudicaba tanto a sus empleados como a los accionistas minoritarios.
Tras meses de análisis, la CNMC aprobó la operación, aunque con condiciones específicas, como la obligación de garantizar durante cinco años la financiación a las pymes, un guiño evidente a la estructura económica catalana (en 2022, el tejido productivo de Cataluña estaba compuesto por 534 367 empresas, de las que el 99,8 % eran pymes).
El Sabadell ha resistido, buscando alternativas estratégicas –un caballero blanco que no termina de llegar–, mientras incrementa su retribución al accionista y promete un nuevo plan estratégico (que se estima que presentará antes de que sus accionistas voten si aceptan o no la opa).
El BBVA, por su parte, mantiene una postura aparentemente cómoda, pero con una determinación clara: quiere cerrar la operación para que el tiempo no juegue en su contra.
La consulta pública
Aunque para realizar esta consulta el Gobierno alude a la ley para la transformación digital del sistema financiero (2020) y alega “riesgo para la competencia y la cohesión”, parece más propia de un trámite normativo que de una operación empresarial.
Se trata de un formulario en Office 365 que no cumple con los requisitos técnicos mínimos exigibles para un proceso de esta envergadura. El sistema permite que cualquiera pueda participar cuantas veces quiera, sin control alguno sobre su identidad. Así, la iniciativa ha perdido seriedad, alimentando la percepción de que se trata, sobre todo, de un gesto político.
Por otra parte, las preguntas son tan abiertas como inocuas: impacto en empleo, inclusión financiera, sostenibilidad, pero nada sobre el precio de canje de las acciones ni consideraciones sobre gobierno corporativo. Y, aunque la consulta no es vinculante, posterga la firma ministerial que abriría paso a las siguientes fases del proceso: la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la publicación del folleto explicativo de la opa y, finalmente, el inicio del plazo de aceptación y la publicación del resultado.
Los coros disonantes
La opa del BBVA sobre el Sabadell ha sacado a la luz no solo las dinámicas internas del sistema bancario (concentración bancaria versus arraigo territorial), sino también las tensiones inherentes a una intervención pública en la economía.
El empresariado catalán –cámaras, patronales y pymes– ha advertido del riesgo de perder soberanía financiera y de una desinversión industrial en Cataluña si finalmente el Sabadell es adquirido por el BBVA.
Mientras, en el Congreso, Junts y ERC se oponen frontalmente a la opa, y PP y Vox reclaman mayor seguridad jurídica.
Las implicaciones futuras
El desenlace de esta consulta popular podría marcar un antes y un después en cómo se manejan las grandes operaciones financieras. Si el resultado provocase una intervención del Gobierno que impidiese la opa –pese a las recomendaciones técnicas ya emitidas por los organismos reguladores–, podría deteriorarse gravemente la imagen del país ante los inversores internacionales. Esto, en un contexto económico europeo ya de por sí frágil, añadiría un nuevo frente de incertidumbre.
Y si, por el contrario, la consulta se revelase como un simple trámite sin influencia real, podría reforzar las críticas sobre su motivación, generando escepticismo sobre futuros procesos similares.
Luis Garvía Vega, Director del Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros (MUGRF) en ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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Author: viajes24horas
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